Con el hundimiento de la ratificación del Acuerdo de Escazú las y los colombianas/os nos levantamos hoy con un sinsabor y un sentimiento de infortunio por la calidad de congresistas que tenemos, quienes en su mayoría han demostrado legislar para la muerte, sin interés alguno de proteger la vida en tiempos de crisis ambiental global.

Hoy, más de 220 organizaciones sociales y ambientales a nivel nacional e internacional nos sentimos silenciadas e invisibilizadas por las jugadas de un Congreso que se centró en aplazar, dilatar y hundir la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia.

Vimos cómo el 19 de junio de 2021 Juan David Vélez del Centro Democrático presentó, desde su entendimiento y partido político, puntos en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Ponencia que además ha sido vista por otros congresistas, líderes ambientales, académicos y algunas organizaciones sociales como una estrategia centrada en la extensión de su intervención, lo cual abrió la posibilidad de suspender la sesión por “falta de tiempo”.

A pesar de ello, muchos esperábamos que se reagendara el debate para el 20 de junio; sin embargo, el Acuerdo de Escazú no fue mencionado como uno de los temas vitales a abordar por parte de los legisladores.

Vemos que no importó el mensaje de urgencia enviado por el Presidente Iván Duque ni tampoco valieron los sinfines de llamados que organizaciones sociales y ambientales, académicos, universidades, líderes nacionales e internacionales y jóvenes enviaron desde el 2020 hasta hoy.

Tampoco se escucharon los cientos de llamados que se han dado en medio del Paro Nacional extendido por parte de los ambientalistas y organizaciones sociales de Colombia, quienes se reunieron pacíficamente el 5 de junio para presentar las preocupaciones y alternativas frente al rumbo del país en tiempos de crisis ambiental.

Parece entonces que buena parte de nuestros representantes, especialmente liderados por el Centro Democrático, partido de Gobierno, no escatimaron en dejar de lado las peticiones de la sociedad civil organizada para hundir la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Así, se hace evidente:

  1. La dificultad que tiene Colombia para transitar al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dado que no hay un interés por potenciar los mecanismos de participación y cuidado entorno a los asuntos ambientales.
  2. El obstáculo nacional para la protección de los líderes sociales y, especialmente, los ambientales en el territorio colombiano;
  3. el reto que tenemos como sociedad para entender que la humanidad ha superado los límites planetarios y que, por ello, es imperativo transformar, desde las estructuras institucionales, las maneras en cómo nos relacionamos con la naturaleza, labor para la que los líderes sociales y ambientales son fundamentales –pero en Colombia están en constante amenaza y riesgo- y;
  4. la necesidad de renovar el Congreso con jóvenes profesionales que entiendan los problemas de nuestro siglo y propongan alternativas viables y sostenibles para enfrentarlos de forma responsable, democrática y teniendo en cuenta las voces de la ciudadanía colombiana –elementos hoy en día débiles en el país-.

En este contexto, algo desalentador para muchos ciudadanos, es claro que es necesario seguir exigiendo el acceso a la información ambiental, la participación ambiental y a la justicia ambiental en Colombia.

Igualmente, es vital continuar organizando las voces que buscan fortalecer los mecanismos para la protección de los líderes ambientales a nivel nacional y regional, más aún cuando Colombia ha sido categorizado como uno de los países más peligrosos para aquellos que defienden sus territorios en clave de cuidado ambiental.

En suma, el hundimiento del Acuerdo de Escazú en Colombia representa un llamado para la ciudadanía, pues las urnas se deben convertir en un espacio político de trasformación, para abrirle camino a las nuevas generaciones, sobretodo, a aquellas que estén comprometidas con el cuidado del medioambiente y el apoyo y fortalecimiento de planes, programas y proyectos basados en la sostenibilidad y en formas de vida sostenibles, con miras al bienestar de las presentes y futuras generaciones del país.

El bienestar de estas generaciones solo es posible si se cuenta con los dones que nos ofrece la naturaleza, lo que obliga a repensar la continuidad del sistema económico extractivista y establecer nuevas bases socioeconómicas en Colombia.