“La democracia no está amenazada por el fantasma inexistente del populismo en Colombia, sino por el monstruo viviente de la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad y un desafortunado y largo etcétera”.

La pandemia que hoy sacude al mundo ha hecho estragos en distintos niveles, y por supuesto ningún o casi ningún gobierno estaba preparado para enfrentar los daños que un virus de esta magnitud está causando en el mundo. Los daños no son solo en términos de sanidad, la economía y la democracia también se han visto afectadas por esta situación. Si hacemos una lectura rápida por los distintos medios de comunicación en distintas partes del mundo, se puede observar una preocupación común: las decisiones que se han tomado para afrontar la pandemia no están siendo ni las más justas, ni las más efectivas. Al menos en América Latina este es el sentimiento compartido y el riesgo que esto tiene es que el descontento de una gran parte de la población pone en jaque la seguridad democrática de la región debido a los problemas sociales, económicos y políticos que vienen afrontando los países latinoamericanos y sus débiles democracias. 

A esta preocupación común se le ha sumado el miedo al populismo. Y no es para menos, se estima que el Covid-19 va a dejar como secuela una crisis económica de talla mundial muy parecida a la Gran depresión de los años 30. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una caída del PIB global en 2020 cercana al 3%, lo que podría incrementar el desempleo, la pobreza, y en consecuencia el descontento con las instituciones gubernamentales, las movilizaciones sociales y en general afecta a la democracia en la región. 

Colombia, por supuesto, no está exenta de este malestar democrático. El Covid-19 ha puesto al gobierno de turno a prueba de fuego y este no está dando golpes certeros, el virus ha confrontado sus fortalezas, pero también ha dejado en evidencias sus debilidades.  Y es que desde que inició la pandemia han sido tímidas, confusas, contradictorias, ineficaces y poco justas las decisiones del gobierno nacional. 

Por un lado está el muy mentado día sin IVA, que fue un total desacierto, fue un retroceso en la cuarentena obligatoria que sin duda alguna disparó el número de contagios; por otro lado, las decisiones contradictorias sobre la reactivación o no de los distintos sectores económicos, como es el caso de los centros de espectáculo (como los autocinemas), esto ha perjudicado a distintas empresas que necesitan “reinventarse”; la decisión de favorecer a las empresas como medida para beneficiar a todos es poco efectiva en un país donde la gran mayoría laboran en la informalidad, no se está teniendo en cuenta las características del mercado laboral real; la flexibilización de la cuarentena también es una decisión ambigua, declarar ciertas excepciones para romper con el aislamiento, aunque es pensando en amortiguar la crisis económica, es ineficiente a la hora de frenar los contagios, con 43 estados de excepción, eventualmente todos estaremos exentos de salir de la cuarentena; por último y más reciente, la caída del proyecto de ley que concedería subsidios para servicios públicos que sanearía la economía doméstica de ciertos sectores de la población. 

Pero estas situaciones son aisladas y no son suficientes; el país viene cargando con un lastre a sus espaldas de tiempo atrás que sumado a la pandemia colisionan y ponen en riesgo la salud democrática. Frente a este panorama es prudente y necesario hacer un análisis de la situación previa que tenía el país antes de la pandemia, ello podría advertirnos de la crónica de un gobierno populista avisado.

Para empezar, datos de Transparencia internacional indican que hasta el 2019 Colombia se ubicó entre los 90 países más corruptos del mundo, justamente el aspecto de la democracia más correlacionado con el bienestar y el desarrollo es la ausencia de la corrupción. Según datos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) Colombia está entre los 10 países del mundo con un elevado nivel de impunidad. 

Las estrechas relaciones entre partidos políticos y grandes empresas, como por ejemplo las que se mantenían con la reconocida empresa brasileña Odebrecht también ponen en duda la salud democrática. Está visto que gran parte de la corrupción a gran escala en América Latina gira en torno a los contratos de obras públicas y la financiación de las campañas electorales.

A esto se le suma lo siguiente: Según la consejería presidencial para los derechos humanos, entre el 2016 y el 2019 fueron asesinados 366 líderes y lideresas sociales en Colombia. la FLIP entre el 2016 y el 2019 registró 1518 periodistas que sufrieron algún tipo de ataque o amenaza por razones de su oficio, y en el mismo periodo de tiempo 6 fueron asesinados; 3 conglomerados de medios de comunicación dominan el 60 por ciento del mercado de la radio, prensa e internet del país y el 58% de los municipios en Colombia no tienen ningún medio con información local. Todo esto junto crea un cóctel que entorpece el desarrollo de una prensa libre, imparcial y crítica, lo cual puede ser perjudicial para la democracia.

Otro factor que nos hace luces rojas son los resultados de las últimas elecciones presidenciales en 2018, en el que jugaron dos variables significativas. La primera es que las FARC dejaron de ser un movimiento de carácter terrorista para las organizaciones internacionales; la otra, es que la izquierda obtuvo una cantidad de votos nunca antes vista en este país, pese a no haber ganado las elecciones. 

Esto no se compensa con el futuro que se nos pinta por delante, y no es poco lo que viene. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia afrontará en el 2020 la peor recesión en un siglo y el PIB caerá entre 6,1% y 7,9%; para FENALCO, el 28% de las empresas cerrarán definitivamente, y de acuerdo con el DANE, el desempleo se disparó al 23,5% en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. A nivel social, por su parte, la Universidad de los Andes señaló que la pobreza se incrementará en cerca de 15 puntos porcentuales adicionales, lo que significa 7,3 millones de personas más que en 2019, y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), estima que la deserción universitaria estaría entre un 23% y 25%.  

Todo esto sumado a la poca favorabilidad del actual gobierno, podría crear el caldo de cultivo perfecto para empezar a mirar hacia otros ideales de gobierno que brinden “mejoras” en la administración, y es el fantasma del populismo el que justamente está acechando las democracias locales. 

Pero es necesario entender este término. “Populista” se ha vuelto una especie de acusación banal que se lanza simplemente para desacreditar a cualquier cosa o adversario, buscando asociarlo con algo ilegal, corrupto, izquierdista, autoritario, vulgar o peligroso. Pero el populismo tiene que ver más con el cansancio del pueblo de ser gobernados por hegemonías ineficaces; con la pérdida de credibilidad en ciertas ideologías y con la ruptura de la soberanía. Teniendo esto claro, la democracia no está amenazada por el fantasma inexistente del populismo en Colombia, sino por el monstruo viviente de la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad y un desafortunado y largo etcétera.