El fenómeno del paramilitarismo está más vivo que nunca en Colombia y esta vez ya se destapa abiertamente en las ciudades, sin ningún pudor ante las cámaras. Hechos efervescentes de esta temeridad son las balaceras contra el puesto de atención médica en La Luna, Cali, y las ráfagas de balas contra Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño en Pereira.

El 21 de noviembre de 2019 (21N) formó una grieta en la historia reciente de Colombia, en cuanto se robusteció la protesta social en el país y se alineó a una serie de levantamientos y demandas que ya se venían fraguando en América Latina y el Caribe. En esos alzamientos ciudadanos perdieron la vida seis jóvenes en Buenaventura, Bogotá y Medellín, entre ellos el soldado Brandon Cely, quien aparentemente se suicidó por las presiones del ejército después de expresar públicamente su apoyo al paro, y Dilan Cruz, a quien el escuadrón móvil antidisturbios (Esmad) le disparó directamente a la cabeza un proyectil lanzado por truflay, a escasos cuatro días de graduarse del colegio. Aquel paro nacional reivindicaba pautas en contra de reformas neoliberales que profundizaban la precarización del trabajo, el sistema de pensiones, la protesta social y el incumplimiento de los acuerdos de paz, entre otras.

Un detonante de aquellas movilizaciones fue el bombardeo por parte del ejército en contra de estructuras criminales en San Vicente del Caguán (Caquetá), en dónde asesinaron a ocho niños y niñas. La intención de ocultar el hecho por parte del ministro de defensa, los altos mandos del ejército y el presidente llevaron a una gran presión social y política que propició la renuncia del ministro y a desató la ira e indignación una gran parte de la población. Las convocatorias a movilizaciones continuaron por varias semanas, luego meses, hasta que en marzo de 2020 llegó la pandemia a Colombia, lo que hizo que las manifestaciones se contuvieran por el bien de la salud pública. Sin embargo, el presidente no asumió una posición conforme a la situación y, aprovechándose de las medidas para contener la pandemia, dejó el tema de lado pensando que la llama se iba a apagar.

Desde ese movimiento de finales del 2019 y comienzos de 2020 se organizaron varias movilizaciones, en medio de la pandemia, hasta el siguiente bombardeo a niños y niñas, esta vez en Guaviare, pero que ya no fue suficiente para la renuncia del nuevo ministro de defensa. El 8 de septiembre de 2020 la policía de Bogotá asesinó brutalmente a Javier Ordóñez, después de que agentes lo torturan con pistolas taser, lo asfixiaran con la rodilla cuando ya estaba completamente inmovilizado y lo condujeran a una estación de policía para rematarlo a golpes. Esta brutalidad se transformó en el detonante para una serie de protestas ciudadanas en contra de los excesos de violencia por parte de la policía, que entre el 9 y 10 de septiembre (9S) dieron lugar a la denominada Masacre de Bogotá. Durante esas noches los disparos con armas de fuego de la policía asesinaron a 13 jóvenes y dejaron cientos de civiles heridos[1]. Fue una violencia sin cuartel y la respuesta estaba cargada de odio por años de discriminación, represión e injusticia en contra de los jóvenes de los sectores populares de Bogotá[2]. En octubre de 2020, llegó La Minga indígena del Cauca a Bogotá, rechazando las masacres, el asesinato de líderes sociales y la criminalización de la protesta social. Meses después, el 5 de febrero de 2021, los habitantes de Buenaventura y Cali se organizaron para protestar en contra del aumento de la violencia y el abandono estatal en sus territorios. Para el 8 de marzo de 2021 (8M), las movilizaciones feministas en Colombia fueron de enrome acogida en muchas ciudades del país.

Con diferentes grados de intensificación en los que se expresó la inconformidad social, el ejecutivo creyó que podía seguir abusando de las medidas de contención de la pandemia. En esta ocasión, el detonante surgió del ministro de hacienda, que aprovechando las circunstancias –pandemia y gastos desproporcionados del gobierno−, presentó un proyecto de reforma tributaria diseñado para socavar a los sectores socioeconómicos bajos y medios, al tiempo que mantenía las exenciones tributarias que en 2019 le había otorgado a los más ricos y poderosos bajo el supuesto de generar más empleos. Esa reforma hizo que un gran y expresivo sector de la sociedad no aguantara más y saliera a las calles, inclusive en el peor momento de la pandemia. El 28 de abril de 2021 (28A) organizaciones sociales, barriales, sindicales, indígenas y negras convocaron a un paro nacional en contra de la acentuación de las políticas económicas a favor de las privatizaciones y los grandes grupos económicos y contrarias a sectores amplios de la sociedad. Este paro nacional se ha extendido por varios días y hasta el sábado 8 de mayo ha costado la vida a por lo menos 39 jóvenes, por la fuerza desmedida y arbitrariedades de las fuerzas del Estado. Temblores ONG ha registrado 12 víctimas de violencia sexual, 28 mutilaciones oculares, cientos de detenciones irregulares y acciones violentas en contra de la sociedad civil[3], a la que se suma la muerte de un policía. Paralelamente, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia ha registrado 379 personas desaparecidas, lo que constituye un delito extremadamente violento por el carácter de intimidación e impunidad que significa esta práctica a lo largo de décadas[4]. Todos estos actos han puesto a Colombia en el centro de atención mundial y han originado pronunciamientos de Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, gobiernos y movimientos sociales de diferentes países para que el gobierno colombiano interrumpa la violencia contra la sociedad civil y garantice el ejercicio de la protesta.

Esto parece no ser suficiente para el presidente de Colombia y sus aliados. Sólo hasta el quinto día de las manifestaciones el gobierno decidió retirar la proposición de reforma tributaria y forzó la salida del ministro de hacienda. No obstante, la respuesta del ejecutivo ha sido temeraria y displicente, pues planea una reforma a la salud igual de destructiva a la reforma tributaria y, no conforme con esto, el viceministro clave en la reforma tributaria fue premiado al ser nombrado ministro de comercio, el presidente ha optado por reunirse con sectores políticos tradicionales, así como con presidentes de gremios empresariales, antes que con los sectores sociales y sus respuestas, más que a condenar las violaciones de derechos humanos y la brutalidad policial, ha conllevado a estigmatizar la protesta social. La sociedad colombiana, así como la comunidad internacional, ya están al tanto de las estrategias gubernamentales para disipar el conflicto social. Los mecanismos que componen esa estrategia son propiciar el desgaste de las manifestaciones, estigmatizar la protesta social, poner sectores de la sociedad civil en contra, emitir un discurso totalmente separado o contrario a las acciones necesarias, dilatar los tiempos de negociación y encubrir el incumplimiento de acuerdos anteriores[5].

Sin embargo, hay unas situaciones que son urgentes dentro de este contexto resultado de la acentuación de medidas económicas y políticas de carácter altamente neoliberal y guerrerista que se han exacerbado durante los últimos 20 años. Frente al incremento de la violencia policial y paraestatal de los últimos días en Colombia, se evidencia la incapacidad del Estado de garantizar la protesta social. Agentes de policía vestidos de civiles saliendo de un camión para disparar contra la sociedad civil, tortura de personas detenidas arbitrariamente, uso de estrategias de guerra condenadas por todas las instancias internacionales como la desaparición y el asalto sexual, infiltración de protestas pacíficas por agentes del estado, perfilamiento de líderes sociales y uso de armas no convencionales como lanzadores de proyectiles múltiples socavan la capacidad civil y la legitimidad del estado. Este panorama es especialmente sensible, si se tiene en cuenta el histórico de prácticas de represión estatal que se ven reflejados en los casos de Dylan Cruz y Nicolás Neira. Este último asesinado a golpes el 1 de mayo de 2005 por el Esmad con tan solo 15 años y cuyo caso tardó 16 años en adelantarse judicial y administrativamente, demostrando no solamente la brutalidad con la que actúa la agencia, sino las prácticas sistemáticas de ocultamiento y silenciamiento por parte de la corporación[6]. Esto revela los procedimientos policiales al interior y después de las protestas, la dilatación de los procesos judiciales en contra de agentes del estado, la falta de garantías para llevar a cabo procesos en contra de altos mandos encargados y la intimidación que llevó al padre de Nicolás Neira al exilio. Camino similar toma el asesinato de Dilan Cruz y la impunidad reinante en la masacre del 9S.

Con estos antecedentes es estremecedor lo que se puede esperar de los 39 asesinatos, 379 desapariciones, 28 mutilaciones oculares y 12 actos de violencia sexual entre abril y mayo de 2021. Más aún, conforme a los hecho de aumento de violencia perpetrada por agentes vestidos de civil o paramilitares en camionetas blancas como las que se ven en el barrio Ciudad Jardín de Cali. El fenómeno del paramilitarismo está más vivo que nunca en Colombia y esta vez ya se destapa abiertamente en las ciudades, sin ningún pudor ante las cámaras. Hechos efervescentes de esta temeridad son las balaceras contra el puesto de atención médica en La Luna, Cali, y las ráfagas de balas contra Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño en Pereira. Así, la inconformidad social se encierra por una violencia cargada de terrorismo, vandalismo y ciberterrorismo de estado, así como de falta de garantías y posibles actos de connivencia.

No obstante, también hemos visto mucha esperanza en la inmensa mayoría de manifestaciones pacíficas por medio de las cuales la sociedad ha transmitido su inconformidad en Colombia y alrededor del mundo. Igualmente, hemos visto actos nobles de agentes de las fuerzas del estado, como aquellos miembros del Esmad que se han insubordinado a las órdenes ilegítimas de sus superiores, las demandas pacíficas de algunos agentes en Facatativá (Cundinamarca), las protestas de algunos miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la defensa de miembros del ejército ante los excesos de la policía en Yumbo (Valle del Cauca)[7]. Más importante aún, las demandas de un grupo de jóvenes Misak que en búsqueda de justicia histórica han derribado homenajes en forma de estatua a Sebastián de Belalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada en Cali y Bogotá. Esto es fundamental para robustecer con demandas históricas y étnicas las dimensiones del paro.

Finalmente, nos queda mirar a nuestros vecinos para acoplar guías y caminos en común. Por ejemplo, en Chile que también ha vivido décadas de profundización neoliberal, las protestas de 2019 llevaron al cambio de una constitución instaurada durante la dictadura de Pinochet. En términos amplios, la nueva constitución busca revertir la lógica de mercado del estado chileno en procura de una distribución más equitativa y unos sistemas de educación, pensión y salud más justos. En Colombia, la situación podría ser similar. Salud, pensión, educación y salarios dignos, no más guerra y corrupción.


Referencias: