Este hecho tuvo lugar luego de que los movimientos estudiantiles tomaran el impulso necesario para hacer sentir su voz y poner de manifiesto una urgente necesidad de cambio a través de lo que hasta hoy se conoce como la Séptima Papeleta.

En 1991 se logra establecer, luego de una gran lucha, una nueva constitución política en Colombia. Este hecho tuvo lugar luego de que los movimientos estudiantiles tomaran el impulso necesario para hacer sentir su voz y poner de manifiesto una urgente necesidad de cambio a través de lo que hasta hoy se conoce como la Séptima Papeleta. Y no era para más, teníamos una constitución centenaria, no acorde a las necesidades sociales y tendiente a pasar por alto el Sistema Universal de Derechos Humanos. Los hechos de la actualidad no son más que el reflejo de lo que ocurrió hace aproximadamente treinta años y el augurio de que aquella frase popular que reza “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”, se cumpla una vez más, pero ahora con otros matices.  

Volviendo atrás, a la luz de los hechos, el entonces presidente Virgilio Barco, propuso una reforma a la constitución en la que se cimentara las bases de un nuevo acuerdo político para el país. Propuesta en la que el temido Pablo Escobar, capo de la droga en Colombia, viera una oportunidad para escaparse de ser extraditado, contrariando el deber ser de una constituyente que es en sí misma un pacto social. Pero ya los dirigentes conocían sus argucias y el pueblo estaba indignado, cansado por las constantes amenazas, la censura a los medios independientes y los constantes hechos de muerte que horrorizaban al país entero.

Consonante con lo anterior, cabe recordar que vivíamos en un Estado de plutocracia, para nadie era un secreto que existió un Frente Nacional en el que cada cuatro años, los máximos dirigentes distribuían el país a sus anchas y no existía una justicia moderada que actuara en derecho; pero con el surgimiento de este movimiento de estudiantes universitarios (Todavía podemos salvar a Colombia) se pudo cambiar la historia de nuestra Nación, dando vida a lo que se llamó la SÉPTIMA PAPELETA.

El hito marcado no solo incluye la nueva constitución sino la historia detrás de ella. Para tal fin, era necesaria la participación legitima de representantes de todos los sectores de la sociedad y de los 70 miembros de la constituyente muchos habían sido parte de un acuerdo de paz previo; tal es el caso de Antonio Navarro Wolf y otros 18 miembros del AD M-19; Aida Avella,  como miembro de la UP e incluso cuatro constituyentes anexos con voz, pero sin voto, pertenecientes a grupos armados al margen de la ley que para ese entonces buscaban consolidar un acuerdo de paz nacional.

Con esa nueva constitución se lograron avances significativos y pasamos de ser un Estado de derecho a un Estado social de derechos. Sin embargo, la propuesta de una nueva constituyente en estas instancias y como retaliación contra un órgano judicial que no opera por intereses personales es incoherente, pues no atiende una necesidad social sino que busca el interés particular; es el partido de gobierno quien en la actualidad manifiesta esa intención que no es más que escupirle a la cara a la historia y al movimiento estudiantil que rompió los paradigmas a finales del siglo pasado que venía en el ocaso de sus tiempos y se dio la transformación hacia una nueva era.

Con lo anterior podemos concluir que una constituyente con los fines egoístas como lo buscaba Pablo Escobar y como ahora lo deja entrever el partido de gobierno, no promueven las transformaciones necesarias para nuestra sociedad y por el contrario ahondan aún más la crisis, alientan el odio, el resentimiento, que incentivan la generación de más dolor. Es en esta instancia donde uno se pregunta: ¿Es inútil la herramienta o quien no la emplea de la mejor manera? ¿se instaura esta propuesta en un marco de inclusión como en el 91 o el partido de gobierno va a seguir excluyendo y discriminando a ex miembros de un grupo armado que se han sometido a un acuerdo de paz?

Dejo a discreción de los lectores de si existe o no la necesidad de poner en jaque la institucionalidad para cumplir los fines del gobierno y contrariar con ello los fines esenciales del estado social del derecho. Hasta ahora existe una constitución vigente y es necesario respetarla; ella misma, en su artículo cuarto establece que ella es norma de normas y en ella misma se consagra la separación de poderes. Todo radica en dos puntos, o reconocer nuestra historia o, como en diferentes medios manifiesta Paloma Valencia, senadora del partido de gobierno, es necesaria esa nueva constituyente.

Por romariopam

Abogado joven, que busca brindar una perspectiva diferente sobre la situación social actual, política, cultural y económica de nuestro país con un enfoque a generar sentido de pertenencia en cada individuo de nuestra sociedad en especial los jóvenes de nuestra región.