“Con gobiernos altamente presidencialistas y en repetidas ocasiones dictatoriales como principales antecedentes del siglo XX, América Latina se enfrentó a un virus al que respondió con la imposición de regulaciones sociales atípicas a la clásica anarquía del libre mercado neoliberal. El distanciamiento social, límites de aforo en lugares cerrados y la restricción de la compra desmesurada de algunos productos, chocaron constantemente con los predicados más básicos del consumismo en esta región.”

Covid-19 y seguridad en América Latina 

Ante la prominencia del segundo aniversario de la aparición de Covid-19 como un virus que trastocó todas las capas de la sociedad a escala global, no sobra ahondar sobre sus efectos en regiones caracterizadas por conflictos sociales y armados, así como por Estados ausentes o con una gestión geográficamente parcializada. Con esto se hace referencia directa a Latinoamérica, escenario de diversos conflictos armados de corte evolutivo o progresivo, como en Colombia, y agudos enfrentamientos y revueltas sociales alrededor de una institucionalidad sorda ante los reclamos de un pueblo, como en Chile.  

Con gobiernos altamente presidencialistas (es decir, gobiernos en los que el poder está dividido en las ramas legislativa, judicial y ejecutivo, este último conformado por el jefe de Estado y gobierno, quien además es el mayor representante de cada país), y en repetidas ocasiones dictatoriales como principales antecedentes del siglo XX, América Latina se enfrentó a un virus al que respondió con la imposición de regulaciones sociales atípicas a la clásica anarquía del libre mercado neoliberal. El distanciamiento social, límites de aforo en lugares cerrados y la restricción de la compra desmesurada de algunos productos, chocaron constantemente con los predicados más básicos del consumismo en esta región.  

El intervencionismo estatal no solo presionó al capitalismo ante una transformación inminente, también creó una nueva realidad en la que las fuerzas militares, que otrora significaron la imagen de seguridad y protección bélica de los Estados, se convirtieron en una herramienta eficaz y célera sobre la necesidad de control social. Es importante resaltar que dicho uso de estas fuerzas en pro de estos objetivos las desmarcó de tareas o labores que, por lo menos en el caso colombiano, han estado fuertemente relacionadas a arremeter contra las organizaciones criminales que han ocupado los vacíos de poder territorial producto de los recientes acuerdos de paz con las FARC-EP.

Dada la especificidad de las organizaciones militares, resulta más sencillo movilizarlas en estas situaciones y así como acaban siendo el principal soporte gubernamental a la hora de poner en marcha políticas públicas para combatir las consecuencias sociales y sanitarias de la expansión de la pandemia.

Malamud y Núñez, 2020.

Es claro que la labor de las fuerzas armadas se ha logrado resignificar a lo largo de la pandemia, desplazando su campo de acción tradicional a objetivos de salud pública. Esta nueva caracterización deja a un lado los enfoques de seguridad y protección de la soberanía bajo los cuales naturalmente se desplegaban los ejércitos en la región latinoamericana. Evidencia de ello es la movilización de 87.000 hombres en Colombia, 20.000 en Chile y el desarrollo de operaciones en Argentina, Venezuela y México en las que el ejército apoyó la infraestructura de atención a las necesidades de la urgencia sanitaria (Malamud y Núñez, 2020).

Es claro que la concentración de capacidades estatales en la contención del virus ha requerido del uso de todo tipo de recursos circulando dentro de un capitalismo reacomodado. En palabras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), esta situación ha profundizado los conflictos sociales en la región latinoamericana, haciendo imprescindible la necesidad de un nuevo pacto social que “proteja los derechos fundamentales, defienda el estado de derecho, asegure el bienestar universal y la resiliencia económica” (ONU, 2020). Más específicamente, las condiciones que el Covid-19 agrega al entorno latinoamericano reescriben las cifras sobre desigualdad, pobreza, así como de afectaciones generales en razón a los conflictos sociales y armados en la zona, por lo que el Secretario General ha hecho un llamado a un cese al fuego generalizado que permita la orientación de esfuerzos en la batalla común de la pandemia (ONU, 2020).  

La intromisión del Covid-19 en los gobiernos de América Latina ha resultado ser letal, pues dejó al descubierto las debilidades estatales en atención social, protección, seguridad y manejo de crisis. Además de ello, entendiendo que los problemas de la región no se enfocan únicamente en la supervivencia económica de sus habitantes sino, igualmente, en la confrontación física con actores armados insertados en mercados ilegales, esta región se precipita ante un gran pliego de necesidades y espacios a los que sus Estados tendrán que responder. Aunque la contención y vacunación en contra del virus ha sido un tarea central y compartida por los gobiernos en estos territorios, su priorización ha duplicado las limitaciones alrededor de otras funciones naturales de estas entidades. Por último, ejemplos como la construcción de una nueva constitución en Chile deben ser analizados rigurosamente (en especial porque su relación con el Covid-19 es la de un catalizador del inconformismo social alimentado desde años atrás), ya que representan efectos secundarios al descontento social y el condicionamiento del virus, sin embargo, su precoz presentación comienza a consolidarse como el preludio de retos de más profunda índole para América Latina.

Bibliografía

  • Malamud, C., & Núñez, R. (2020). La crisis del coronavirus en América Latina: un incremento del presidencialismo sin red de seguridad. Análisis del Real Instituto Elcano, 34, 1-12.
  • CITAR ONU: Naciones Unidas (ONU), (2020). Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe julio 2020. Disponible AQUÍ