La tesis de la defensa de los derechos de la Naturaleza se impuso sobre la tesis del extractivismo y el desarrollismo

El extractivismo minero metálico se ha fortalecido mucho en el Ecuador. Identificado como uno de los sectores estratégicos del Estado, ha recibido especial atención por parte del gobierno central, impulsándolo indiscriminadamente sobre los ecosistemas y territorios del país. Sin embargo, la respuesta desde los sectores sociales no se ha hecho esperar, levantando procesos de resistencia a esta política estatal haciendo uso de distintas estrategias, desde las acciones de hecho y protesta social, hasta las vías formales previstas por el ordenamiento jurídico tanto en lo administrativo como en lo judicial, incluyendo las vías de la democracia directa, como las consultas populares.

Al momento de ser redactada esta columna, la Corte Constitucional del Ecuador tiene en sus manos el poder para decidir, mediante un dictamen en el que califiqué su constitucionalidad, sobre la procedencia o no de un proyecto de consulta popular, presentada por una articulación de organizaciones sociales y territoriales para prohibir la minería metálica en los territorios de la Mancomunidad del Chocó Andino, una biorregión conformada por siete parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador.

Aquí se conectan dos zonas importantes de biodiversidad en el mundo: la Biorregión del Chocó y Andes Tropicales. Estas regiones se caracterizan por presentar altos niveles de endemismo en su gran diversidad biológica. Un claro ejemplo de esto es que esta región es hábitat del Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), una especie en peligro a nivel nacional e internacional. Es considerada una especie “paraguas”, es decir, requiere de grandes extensiones para el mantenimiento de sus dinámicas vitales y de poblaciones mínimas viables, esto implica que los esfuerzos por proteger y conservar esta especie irradian a muchas otras especies que cohabitan con los Osos de Anteojos.

Esto ha significado que el territorio de la Mancomunidad haya sido declarado el primer Bosque Modelo del Ecuador por el Consejo de Administración de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. De la misma manera, la UNESCO ha otorgado a esta biorregión la categoría internacional de Reserva Mundial de la Biosfera en reconocimiento a los esfuerzos y a el estado de conservación de la zona.

Lo mencionado anteriormente es una pequeña descripción de lo que realmente se busca proteger con la consulta popular propuesta, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de 12 concesiones de minería metálica inscritas que corresponden a un total de 17.863 hectáreas y 6 más en trámite que corresponden a 9.899 hectáreas, es decir el 22,33% de lo comprendido por la Mancomunidad del Chocó.

Lo que está sucediendo en Quito no es un hecho aislado; al contrario, es parte de una insistente lucha por ejercer los mecanismos de democracia directa establecidos en la Constitución para el fin por el que fueron reconocidos: la defensa de Derechos Humanos y de la Naturaleza. En el Ecuador, las Consultas Populares se han usado como un instrumento de legitimación del gobierno de turno, así como una herramienta para forzar cambios a conveniencia dentro de la legislación y la Constitución; sin embargo, aquellas iniciativas que buscaban enfrentar al poder del gobierno se vieron truncadas, como sucedió con la iniciativa de la consulta popular para impedir la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní entre el año 2013 y 2014, que fue saboteada en sede del Consejo Nacional Electoral (CNE); actualmente este caso se encuentra siendo resuelto por la Corte Constitucional para establecer la existencia de vulneraciones a derechos constitucionales.

Las cosas empezaron a cambiar cuando, en noviembre de 2018, el CNE recién posesionado dio paso a una iniciativa de Consulta Popular para prohibir la minería metálica en un cantón llamado Girón a favor de la defensa de los Páramos y el Agua. Ésta había permanecido estancada en sede de la Corte Constitucional y con el argumento de que la Corte había perdido su competencia para poder realizar el control sobre la iniciativa, pues habían transcurrido casi 4 años desde que fue propuesta, cuando la ley pertinente establece 20 días para poder realizar el mencionado control. Esta consulta fue ganada con el 86,79% de la votación a favor.

Sin embargo, esta consulta fue un caso sui géneris, producto del manejo político de la justicia Constitucional y con una nueva y mucho más diligente Corte Constitucional posesionada a inicios de 2019, una situación así no volvería a suceder. Por eso, el punto de inflexión ocurrió el 18 de septiembre de 2020, cuando después de 3 intentos, se logró obtener la aprobación de la Corte Constitucional para proceder con una Consulta Popular que prohibiese la minería metálica sobre las zonas de recarga hídrica del cantón Cuenca, la tercera ciudad de mayor importancia del Ecuador.

El esfuerzo mancomunado del Cabildo por el Agua de Cuenca, una articulación de varias organizaciones y sectores sociales y comunitarios, en conjunto con el gobierno local lograron algo que se avizoraba como casi imposible y el 7 de febrero de 2021, la defensa del Agua y los Páramos lograba vencer en la consulta con el 80,03% de los votos, una victoria contundente e indiscutible. La tesis de la defensa de los derechos de la Naturaleza se impuso sobre la tesis del extractivismo y el desarrollismo.

Estos resultados tuvieron varias repercusiones. A nivel del país no se hicieron esperar los sectores que empezaron con el proceso para lograr su propia consulta popular, el primero de ellos la Mancomunidad del Chocó Andino en Quito. A nivel de Cuenca, se avanza con la implementación de ordenanzas que permitan viabilizar los resultados de la consulta, que son inmediatos y vinculantes; y, se avanza con la implementación de una mesa cantonal que reúna a los sectores sociales, comunitarios, academia, empresarial y autoridades públicas para el diseño de las políticas públicas que permitan materializar y garantizar los derechos de la Naturaleza.

En conclusión, la consulta popular como un mecanismo formal, establecido bajo las normas del Estado y que durante mucho tiempo fue un instrumento desnaturalizado para servir al poder, fue convertido en una herramienta que ha permitido la expresión de la voluntad popular y soberana. Una estrategia contrahegemónica enarbolada contra el casi totalitarista poder extractivista en el Ecuador, que ha hecho y desecho a su antojo en el país durante mucho tiempo, posibilitando imaginar alternativas distintas a las de convertir bastos, biodiversos y esenciales ecosistemas de la Naturaleza en zonas de sacrificio ecológicas. La discusión trascendió la dicotomía de “minería sí, minería no” y planteó la necesidad de transitar hacia modelos de sociedades humanas que puedan cohabitar en armonía con el resto de seres de la Naturaleza, respetando sus límites biofísicos y sus derechos.